Congreso mantiene intención de congelar el pago de la deuda de las personas naturales con entidades bancarias, financieras, cajas y cooperativas.
Honestamente no pensé volver a escribir sobre este tema, en vista de que en este Blog le he dedicado dos artículos. Uno del 01.06.2020 sobre la advertencia de las Cajas respecto de la descapitalización que sufrirían en caso el Congreso apruebe una exoneración de intereses o la suspensión de la obligación de pagos y, otro, del 05.06.2020 sobre las dificultades de las microfinancieras en la evaluación de las MYPES, su público objetivo.
No obstante, recientemente se ha publicado varias noticias referidas al respaldo de los miembros de la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso al consolidado de varios proyectos legislativos que apuntan o a la condonación del pago de intereses o a la suspensión de la obligación de pago.
Es muy interesante la opinión del presidente de esta Comisión -José Luna, de Podemos Perú- recogida en una de estas publicaciones. El diario Gestión del día de hoy (16.06.2020) cita su declaración con estas palabras: "(queda claro que está en juego) la quiebra de millones de familias por el impacto de la crisis del covid-19 versus la posibilidad de quiebra o desmejora económica de entidades financieras que se verían afectadas por dejar de cobrar intereses de los créditos" (ver la noticia aquí).
Para aclarar esto un poco, el diario oficial El Peruano dijo: "El predictamen que se debatirá hoy (por el 14.06.2020) en la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso, elaborado con base en tres proyectos de ley, plantea la suspensión o congelamiento del cobro de los créditos hipotecarios, créditos personales, tarjetas de crédito, fideicomiso, capital de trabajo y todo tipo de endeudamiento contraídas por personas naturales con las empresas bancarias y financieras, cooperativas de ahorro y crédito y toda entidad que desarrolle actividades lucrativas" (las negritas son mías - ver la noticia aquí).
Entonces, los congresistas están sopesando la situación económica familiar/personal (no de actividad empresarial) con la situación de los bancos, financieras, cajas y cooperativas.
Es una decisión compleja. No es como la ley que dispuso hace pocas semanas la suspensión del pago de peajes, la cual -en mi opinión- es claramente inconstitucional. En este caso, la evaluación de la constitucionalidad/legalidad es difícil. Pero ese es sólo un aspecto e incluso considero que no es el principal. La norma podría ser incluso constitucional, pero "mala" desde el punto de vista de su impacto económico al generar un efecto contraproducente.
Al igual que en la noticia de El Peruano antes mencionada, el diario Gestión del 15.06.2020 da la siguiente noticia "SBS: 26 entidades financieras quebrarían si (los congresistas) aprueban la condonación de intereses" (ver noticia aquí).
La evaluación que propone el presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor no es tan simple como aparentemente piensa. No se trata de "familias" vs "entidades". En ese mismo sentido, no es tan simple como sopesar "vida" vs "viabilidad empresarial", tal como refiere Gestión al citar al congresista Rolando Campos, de Acción Popular: "el derecho a la vida debe tener primacía sobre lo demás" (ver en la noticia del 16.06.2020 aquí indicada).
Lo que la Comisión de Defensa del Consumidor debe evaluar, así como el Congreso en pleno, es cuáles serían los efectos de la quiebra de las entidades del sistema financiero.
En efecto, en la publicación de Gestión del 15.06.2020 ya citada, se transcribe la declaración de la superintendenta de la SBS: "(la norma) impediría que en dicho lapso (120 días) las entidades financieras reciban ingresos, eliminaría sus utilidades, comprometería su capital y pondría en riesgo los ahorros del público".
En el escenario de "vida" vs "viabilidad empresarial", aceptemos que el hecho de que las entidades "pierdan sus utilidades" no es un factor relevante. Pero, ¿qué pasa con la afectación del capital y poner en riesgo los ahorros del público? Gestión, nuevamente en su noticia del 15.06.2020, manifiesta que la SBS ha alertado que las pérdidas de 26 entidades prestamistas superarían el 50% de su patrimonio neto, "causal de intervención por parte de (la SBS)"; si no pueden reponerlo, esas entidades tendrían que ser declaradas en disolución.
Por su lado, la devolución de los ahorros tampoco estaría garantizada al 100% en la práctica. En este punto la superintendenta de la SBS -"si bien recordó que el sistema financiero protege los ahorros de las personas por un monto de S/100 mil"- agregó que "el problema (es) que el fondo de seguro tiene recursos limitados en el contexto de que haya un cierre masivo de entidades" (publicación de El Peruano ya mencionada). Esa pérdida de ahorros, que afectaría directamente el bolsillo de personas las naturales y sus familias, sería de S/ 10,000 millones (Gestión 15.06.2020).
No olvidemos tampoco que, si un conjunto de entidades del sistema financiero "cae", habrá una contracción -con una temporalidad por definir- en la capacidad de brindar préstamos principalmente al sector MYPE. Ligado a esto, dijo el presidente de la Asociación de Bancos (ASBANC): "En el Perú existen 54 empresas financieras de las cuales 35 tienen más 80% de sus créditos expuestos a los segmentos de consumo y micro y pequeñas empresas..." (El Peruano, 14.06.2020).
¿Se beneficiarían las familias deudoras? "sí", indudablemente; ¿se perjudicaría la capacidad de préstamo y, por ende, la viabilidad de los negocios y el empleo asociado, impactando en la economía MYPE sobre todo y en las personas? "sí" Vemos que en ambos lados habrían familias afectadas.
Entonces, la norma podría generar la quiebra y ésta una cadena de eventos:
La falta de devolución de ahorros (perjuicio a miles de familias) y, claro está,
El desempleo de cientos o miles de trabajadores en trabajos directos e indirectos (otro daño para las familas);
También perjudicaría la capacidad de préstamo del sistema, "matando" principalmente MYPES, vulnerando a sus dueños y trabajadores (miles de familias más).
Conclusión: es "vida" vs "vida".
De paso me pregunto si la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso habrá citado a exponer a algunos de los empresarios que serían afectados directamente con esta norma, a fin de tener una visión integral de primera mano.
Así, ciertamente está en juego la "vida", pero no en un solo lado de la balanza, sino en ambos. También se debe ponderar que una medida como la respaldada preliminarmente en el Congreso emitiría una señal de "intervención" en negocios privados legítimos, un precedente.
¡Congresistas: no se encuentra en un único lado de la balanza el peso de las "familias" y de la "vida"!